Se mantendrá la tarifa social a usuarios del servicio de energía

Mediante el decreto Nº 74/19, el gobernador Omar Gutiérrez autorizó el día miercoles 9 de enero, la aplicación de la tarifa social a los usuarios del servicio público de energía de la provincia para los consumos que se registren hasta diciembre de 2019. La iniciativa tomará como base la normativa vigente a diciembre de 2018 con la correspondiente actualización de la tarifa dispuesta por el organismo regulador competente.

De acuerdo a la información suministrada por prestadores del servicio público de energía eléctrica, en la provincia existen 44 mil suministros cuyos titulares se encuentran beneficiados por la tarifa social.

Debido a las normativas del gobierno nacional para reducir los subsidios destinados a los servicios públicos desde enero de 2019, cada jurisdicción debe definir la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales.

En el marco de las políticas de acompañamiento al desarrollo social, el gobierno provincial asumió el compromiso de mantener la tarifa social a fin de no trasladar la carga económica a los usuarios del servicio público. En este sentido, el decreto argumenta “que es decisión del gobierno provincial establecer las medidas necesarias para paliar esta problemática, defendiendo el bolsillo de los habitantes  y profundizado las políticas de desarrollo”.

El documento instruye a los ministerios de Economía e Infraestructura y de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad para que en forma conjunta establezcan los criterios para aplicar la tarifa social al universo de usuarios de los prestadores del servicio público de energía de la provincia.

Asimismo, se informó que se mantendrán los criterios de elegibilidad para ser beneficiario de la tarifa social eléctrica establecidos por resolución del ministerio de Energía y Minería de la Nación hasta tanto se establezcan los propios criterios provinciales.

El documento fue firmado ayer, 9 de enero, por el gobernador Omar Gutiérrez y refrendado por los ministros de Economía e Infraestructura, Norberto Bruno y de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, Mariano Gaido.