Nuevo proyecto de Emergencia Pública en Violencia de Género

A tal fin, la propuesta crea un Plan provincial en la materia, una comisión de seguimiento de la ley, un fondo con recursos propios, un régimen habitacional y económico específicos y la creación de equipos interdisciplinarios de abordaje y asistencia. El Plan provincial estará en consonancia con la Emergencia y con las leyes nacionales y provinciales afines de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia familiar. Los ministerios de Ciudadanía, de Salud y de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad actuarán como Autoridad de Aplicación de la ley.

La propuesta define que se entenderá por víctima de violencias de género a toda mujer y persona autopercibida como tal que se encuentre sometida a situaciones de violencias que afecten su vida, libertad, dignidad y/o integridad física, psicológica, sexual económica o patrimonial; así como también su seguridad personal.

El fondo específico para garantizar el cumplimiento de la ley deberá figurar en el presupuesto de la Administración provincial y no podrá ser inferior al 1% del total de recursos.

En cuanto al régimen habitacional, se prevé que el Estado garantice el acceso inmediato a los Centros integrales de atención y a viviendas dignas para aquellas mujeres y personas autopercibidas como tales que sean víctimas de violencia de género. A tal fin, se crea un Centro de atención en cada Departamento de la provincia y uno adicional cada 30 mil habitantes. Se detallan las finalidades que tendrán dichos centros, las condiciones edilicias y el equipamiento con que deberán contar para un adecuado funcionamiento.

A la vez, se crea el régimen especializado para las víctimas que no tengan trabajo registrado y/o no cuenten con ingresos equivalentes al valor de la canasta básica familiar. La asistencia económica consistirá en una prestación monetaria no retributiva mensual equivalente al valor de la canasta básica familiar e incluirá aportes al ISSN tanto para la víctima como para sus hijos e hijas.

En materia preventiva, se crean equipos interdisciplinarios para la prevención, atención y asistencia a víctimas garantizando el asesoramiento y la intervención de dichos equipos especializados de manera gratuita para las víctimas. El personal que allí se desempeñe deberá ser especializado en violencias con perspectivas de género. Tendrán una carga horaria laboral exclusiva a tal fin y ocuparán espacios de trabajo adecuados para la atención en abordajes tanto individuales como grupales.

La comisión de Control y seguimiento de la ley deberá reunirse cada seis meses para controlar la aplicación del Plan de Emergencia. La iniciativa detalla las funciones que tendrá el cuerpo, entre las que figuran participar del proceso de reglamentación de la ley, elaborar un protocolo de contención y coordinar visitas a los centros integrales y dispositivos de prevención. La comisión estará compuesta por una representante de cada bloque político de la Legislatura, una representante del Poder Ejecutivo y una del Poder Judicial; cuatro representantes de las organizaciones de mujeres y una de los sindicatos de la provincia. Estas últimas rotarán en forma anual.

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentar la ley una vez aprobada, al tiempo que invita a municipios a adherir y a impulsar convenios para la erradicación de esta problemática social.

En sus fundamentos recuerda que en 2019 hubo más de 275 víctimas de femicidio en todo el país, y sólo en el mes de octubre 25 mujeres fueron asesinadas. Al respecto, señala que la mayoría de los casos se trata de mujeres que previamente realizaron denuncias en contra de su pareja o ex pareja y, en muchas ocasiones, las mismas fueron desoídas por las instituciones públicas que deberían dar respuesta. En ese sentido, informa que el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la provincia contabilizó que entre 2017 y 2018, 15.626 mujeres requirieron intervención en algún organismo estatal.

El proyecto de ley N°12.964 ingresó por mesa de Entradas el 20 de noviembre con la firma de los diputados y las diputadas Angélica Lagunas (FIT), Raúl Godoy (PTS-FIT), Santiago Nogueira (Libres del Sur), Guillermo Carnaghi y Nanci Parrilli (FpV) y Raúl Podestá (FG).