“Esto no implica nueva infraestructura, dado que la inversión más importante es en recursos humanos para la alta complejidad”, acotó José Russo –MPN- en el recinto. Por caso, dijo que el país no cuenta con estadísticas de infertilidad.
Daniel Baum –DC- propuso denominar Comisión Provincial de Fertilización Médicamente Asistida, en lugar de ‘reproducción humana’, al cuerpo colegiado y consultivo que atenderá las demandas y supervisará el cumplimiento efectivo de la ley. El mismo estará integrado por un representante de la cartera de salud; del ISSN, Colegio Médico; Facultad de Medicina de la UNCo y de la sociedad civil.
En la 17° sesión ordinaria del XLIV período legislativo, que comenzó a las 9.40 con la participación de los 35 diputados bajo la presidencia de la vicegobernadora Ana Pechen, el cuerpo votó en forma unánime la ley N° 2950 de creación del Régimen Provincial de Hogares de Niñas/niños y Adolescentes en el marco de la ley 2302 y la ley nacional 26.061. También hizo lo propio con la ley N° 2951 de registro “No Llame”, con el objeto de proteger la privacidad de las personas como usuarios del servicio telefónico y, en general y por mayoría, la ley que faculta a las instituciones educativas del CPE a utilizar -en forma autónoma y autárquica- el producido surgido de los proyectos didáctico-productivos de cada institución.
En igual sentido, el cuerpo se expresó respecto a la creación de de dos cargos de juez laboral en la planta del Poder Judicial. En tanto con 27 votos a favor prestó acuerdo a la designación de Silvina Alejandra Arancibia Narambuena, como juez de Primera Instancia titular del Juzgado de Primera Instancia de Familia, Niñez y Adolescencia de la II Circunscripción Judicial con asiento en Cutral Co.
Durante el tratamiento en general de la ley que faculta a las instituciones educativas a comercializar bajo el formato de cooperativas escolares lo producido en los talleres didáctico-productivos, el diputado Manuel Fuertes –NCN- explicó que la iniciativa llena un vacío legal y da seguridad jurídica al facultar a las instituciones a “manejar” su propia producción. Dijo que en Neuquén la norma alcanza a 3 EPEA, 20 EPET, a las CPAO y las CEMOE y determina la responsabilidad en la administración de los recursos, que solamente pueden ser reinvertidos en el mismo proceso didáctico, dejando de lado la posibilidad de utilizarlo para funciones que debe financiar el Estado, como el mantenimiento edilicio. Aseguró que no se reemplazan partidas presupuestarias ni su implementación significa “un retiro del Estado respecto del financiamiento”. Agregó que se adoptó la modalidad jurídica de cooperativas escolares por tratarse de una recomendación emitida por el Consejo Federal de Educación.
Por su parte, Beatriz Kreitman –CC-ARI- recordó que a la fecha las escuelas “no saben qué hacer” con lo producido. María Angélica Carnaghi –MPN- observó que las escuelas venden hoy sus productos en “negro” y esta norma permitiría blanquear los ingresos que genera la venta de dichos productos.
En tanto, Ricardo Rojas –MID- destacó que la ley debe ser considerada un instrumento para que los alumnos puedan controlar dónde y en qué se utiliza el dinero recaudado. En igual sentido, Rodolfo Canini –FG-NE- reivindicó que se utilice la opción de cooperativas. En ese sentido, explicó que de esta forma se transparentan las cuentas, se organizan los fondos recaudados y los propios alumnos y docentes pueden decidir en qué invertir los recursos para poder continuar con el aprendizaje. También mencionó que el contenido de la iniciativa se podría haber aprobado a través de una resolución del Consejo Provincial de Educación, no obstante dijo que una ley supera en rango a ese tipo de sanción.
Por su parte, Gabriela Suppicich –FIT- no acompañó el despacho al considerar que los fondos recaudados pueden derivarse para financiar carencias que presente la institución educativa, como las edilicias.
Respecto a los cargos de juez laboral, Pamela Mucci –FyPN- argumentó que la creación de ambos cargos se debe a que hubo un aumento de la litigiosidad en la primera Circunscripción Judicial, cifra que aumentó un 43% en la cantidad de causas, las cuales, aseguró la diputada, deben ser atendidas por la misma estructura desde su creación.
En el apartado de homenajes y otros asuntos prevaleció el debate político en contexto local. Amalia Jara –PJ- rindió homenaje al “camaleón”, pequeños reptiles que cambian el color según la ocasión, acotó la legisladora. De modo enigmático agregó una expresión popular concordante; “al que le quepa el sayo que se lo ponga”. Alejandro Vidal –UCR- hizo referencia al funcionamiento de la democracia en la provincia y la existencia de acuerdos, que calificó de “espurios” y “cambalache” con mención histórica a la convención constituyente de 2006 que “rompió el arco opositor y le dio mayoría al entonces gobernador Jorge Sobisch”. Raúl Dobrusin –Upie- pidió nombres sobre las intervenciones anteriores y a la vez, reclamó jerarquizar la conducción del Epas, dada la escasa comunicación con los vecinos cuando se hacen cortes del servicio. Luis Sapag –MPN- pronosticó el “fracaso” de la “coalición neoliberal trucho-populista” que llevan adelante los intendentes de Neuquén y Cutral Co. Citó, entre otros, la Alianza que llevó a la presidencia de Fernando De La Rua y la reciente conformada por la UCR con el PRO que, por primera vez en la historia –dijo- no estará la boleta del partido centenario en una elección presidencial.
Por otra parte, Ricardo Rojas –MID- reclamó la implementación de un ramal de transporte público para el sector de la ciudad donde funciona el nuevo edificio judicial y la Legislatura.
En la sesión los diputados aprobaron dos declaraciones; el V Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas: Geografías por venir, a realizarse del 23 al 26 de septiembre en instalaciones de la Universidad Nacional del Comahue -N° 1727- y la 3º Jornada de Desarrollo Local e Inclusión Social- Energías Renovables (Alto Valle de Rio Negro y Neuquén), a realizarse en el Museo Nacional de Bellas Artes el 11 de agosto y en la sede Comahue del 31 de agosto al 5 de septiembre de 2015 -N° 1728-.