A raíz de la confusa colecta, a continuación, una serie de consejos del subjefe de la comisaría 23 Darío D´Angelo, para saber cómo se debe actuar en estos casos, y cuál es el accionar de la policía.

10 Ago 2011
    

En diálogo con sanmartinadiario.com el subcomisario Darío D´Angelo propone “que la ciudadanía sepa que las personas tienen que tener algún tipo de certificación que justifique este pedido de dinero o colaboración”, haciendo referencia justamente al pedido de dinero en las calles.

En cuanto al accionar de la policía el subcomisario cuenta que “en el momento de estar solicitando una entrega de dinero se  puede identificar para ver de qué persona se trata, donde vive, con quien y se puede hacer un relevamiento para ver si es verídico o no lo que esta persona aduce, pero distinto sería si tuviéramos una denuncia”.

D´Angelo explica que “primero hay que determinar la existencia de algún delito, que en estos casos puede ser defraudación o estafa,  defraudación quiere decir hacerse del dinero que esa persona le entrega pero a través de un engaño” y agrega “lo que hay que establecer es si este engaño existe, si la enfermedad que aduce tener es cierta o no, a través de certificados y demás, debe identificar de que persona se trata y  establecer a través de órganos municipales para ver qué tipo de asistencia se le brindó y ver si es verídico justamente”

Aclara además el subcomisario que cuando una persona pide algo, como ser dinero, y otra le entrega, no habría un delito. El problema surge cuando la entrega se hace motivada por alguna razón, pero esa razón no es verdadera, entonces se produce el abuso de confianza y esa persona debería hacer una denuncia judicial. “Podemos accionar, pero de todas maneras necesitamos que la persona que se ve damnificada haga la denuncia, por entregar el dinero de forma engañosa” manifiesta Dangelo.

En el caso que se comprobara la defraudación “se trae a esa persona a la comisaría, se le hace el trámite de rigor, que consta de una identificación, ficha y demás y se la pone a disposición de la justicia” informa D´Angelo, y agrega “la pena por defraudación es de 1 mes a 6 años según el código penal”.