“Se está utilizando el sistema democrático para hacer negocios”

“Lo que está pasando  en este caso es muy grosero y después de tantos años de trabajo, la verdad que nos vemos bastante defraudados”, indicó Roberto Arias, referente de Vecinos Sin Techo, Asociación que días atrás envió un comunicado de prensa titulado “Atentado a los VST”, en donde se denunciaron actos de “corrupción” que causaron la caída del Proyecto Ejecutivo del Barrio Intercultural Lote 27.

“El 21 de Noviembre nos reunimos en el Deliberante y el Director de Vivienda, Nicolás Dumais, nos informó que se había dado de baja la Ordenanza del Proyecto Ejecutivo. Cuando preguntamos qué documentación tenía para respaldar si era o no verdad lo que decía, no pudo indicar motivos”, comentó Arias.

Además agregó: “Solo puede darlo de baja el solicitante, que es el Municipio. Todo Proyecto Ejecutivo debe pasar por la Comisión de Planeamiento, que según la Carta Orgánica Municipal, es la Intendente a cargo. Para dar de baja un proyecto, tiene que informarlo el Intendente al Deliberante y dejándolo por nota. Necesitamos saber quién lo firmó. Va en contra de la Constitución Nacional, de la emergencia habitacional declarada”.

El referente de los Vecinos asocia directamente la caída del Proyecto del Lote 27, al inicio de uno nuevo, para llevar cloacas a los loteos Kaleuche y Covisal, apuntando al Presidente del Deliberante y actual Intendente a cargo, Sergio Winkelman, de haber gestionado en base a intereses personales, ya que  es también el Presidente de la Cooperativa Covisal: “El 11 de octubre el Señor Winkelman firma con la Dirección Nacional de Preinversión Municipal (DINAPREM) un convenio en donde le llevará cloacas al loteo Kaleuche, Covisal, para el que van a hacer los estudios, en contra del artículo 155 de la Carta Orgánica, que dice que todos los loteos tienen que tener los servicios. Se firma ese convenio, lo lleva al Deliberante y se lo vota el 20 de octubre ¡Se lo vota él mismo, porque fue por unanimidad!”.

Según lo denunciado por Arias, “se está utilizando el sistema democrático para hacer negocios”, ya que “una vez que se tienen los estudios, los lotes pasan a valer mucho más” y expresó: “La trampa es más grande porque cuando la gente se postula para una casa en el Barrio Intercultural o en proyectos  de vivienda de Nación, con fondos de Nación, tiene que pasar por el Registro Único de Demanda Habitacional y por el RUPROVI, pero cuando te metés en una Cooperativa y pagás, como en la Covisal, no hace falta que tengas que pasar por el Ruprovi. Podés tener una segunda residencia”.

Además, comentó que su suposición es que el Proyecto Ejecutivo se cayó o, mejor dicho, se dejó caer, porque desde el DINAPREM solo pueden financiar de a un estudio por año: “Se están usando fondos públicos para valorizar terrenos privados y para gambetear los controles sobre los fondos de viviendas sociales”.

Cabe mencionar que un “Proyecto Ejecutivo”, en palabras de Arias, “es el que todos los barrios tienen o deberían tener, para saber por dónde van las calles, los servicios, por dónde va el agua. La Municipalidad lo tiene que presentar, tiene que pedirlo a Nación de cualquier barrio para poder llevar adelante los presupuestos. Son estudios de urbanización”.

Sobre el proyecto del Lote 27 en particular, destacó que data del año 2013, “y tiene varias características diferentes a otros, como que habla de los pueblos originarios, y hace referencia a la ley de trasferencia de tierra del Ejército a la Comunidad Mapuche Curruhuinca y a la Municipalidad de San Martín de los Andes”.

El comunicado de los Vecinos enviado el miércoles concluye esta situación comentada por Arias en la denuncia de  “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos y Cohecho”. Y confirmaron en las mismas líneas, que realizaron una presentación en la Defensoría del Pueblo, “esperando una instancia de mediación”, y la denuncia de los hechos en la Mesa Política del Barrio Intercultural. Además, informaron a la Comisión de Viviendas del Concejo Deliberante, “para que se hagan las denuncias correspondientes, esperando que la política comience a limpiar su propia mugre”.