“La Justicia Federal entendió que el ataque que sufrió el Presidente pudo poner en riesgo la seguridad nacional”

La semana pasada, en Villa Traful, un grupo de manifestantes, asociados al gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó un escrache durante la visita del Presidente Mauricio Macri a la localidad, para inaugurar oficialmente el Centro de interpretación Turística y Ambiental.

En principio la investigación estuvo a cargo del fiscal general de Neuquén José Ignacio Gerez y de su par Fernando Rubio, que ordenaron allanamientos que terminaron con la detención de siete integrantes de ATE de la provincia, que luego fueron liberados. Desde el viernes, la causa pasó de la justicia provincial a la federal, quedando a cargo de la jueza de Zapala, María Silvina Domínguez.

“El viernes la Justicia Provincial entregó la causa a la Justicia Federal, ya que esta última entendió que se trataba de un hecho que podía llegar a haber puesto en riesgo seguridad nacional. Nos solicitaron la remisión de las actuaciones que habíamos realizado, las diligencias y secuestros. A partir de ese momento intervienen en esclarecer la agresión que sufrió el Presidente”, detalló Gerez en diálogo con San Martín a Diario.

Además, el Fiscal General de Neuquén, detalló que por lo que pudo determinar luego de sus actuaciones, el hecho “no fue un ataque premeditado, la gente iba a una manifestación de los trabajadores del estado (ATE) pero esta agresión no estuvo orquestada, se produce a partir de un encuentro casual”.

Gerez también agregó que “ni bien bajó del helicóptero, el Presidente, en vez de ir al lugar que estaba previsto, decidió desviarse para comprar alfajores; es muy informal en todo esto, él va tomando decisiones a medida que se va presentando la situación, tenemos el testimonio de la chica que se los vendió”.

Según marca la cronología que indicó el Fiscal, el Presidente “a la vuelta de esta compra quiso dialogar con los manifestantes; podría haber continuado su marcha, pero optó por detener el vehículo. Mantuvo un intercambio de palabras con ellos, él de manera pacífica, pero viendo que el ambiente y actitud de los manifestantes era hostil, prefirió salir rápidamente del lugar, lo que hizo que esta gente lo agrediera en ese momento”.

Gerez de todas formas destacó que “atacar al Presidente con piedras de manera espontánea, tiene la misma gravedad que si hubiera sido premeditado” y es justamente debido al tenor de la situación, que la Justicia Federal consideró apropiado intervenir.

Acerca de las siete personas demoradas para ser identificadas, y que quedaron liberadas la semana pasada, Gerez aseguró que “nunca estuvieron detenidas, sino que fue una obligación administrativa que sean identificadas”, ya que luego de la disuasión policial del grupo de donde salió la agresión, los individuos se negaron a hacerlo. El motivo por el cual fueron trasladadas a San Martín de los Andes, fue porque la comisaría de Traful no cuenta con los medios tecnológicos para la identificación.

Si bien el futuro de la investigación ya no está a su cargo, expresó que “nadie está en mejor condición de decir qué sucedió, que los dos custodios de Macri, una persona que integraría la comitiva protocolar, que estaria con una filmación en su poder y el mismo Presidente. Antes de que la Justicia Federal se hiciera cargo, habíamos barajado la posibilidad de tomarles testimonio a los ocupantes, y si era insuficiente, tomarle una testimonial al Presidente”, concluyó.