Ante la crisis del transporte de pasajeros de la ciudad, La Defensoría del Pueblo y del Ambiente presentó alternativas ante la caída de subsidios y la creciente inflación.

18 Oct 2019
    

La Defensoría del Pueblo y del Ambiente (DPA), ante la crisis del transporte de pasajeros que es de dominio público en nuestra ciudad, ha venido presentando distintas alternativas desde setiembre de 2018, cuando ya se podía vislumbrar que la caída de subsidios y la inflación creciente terminarían por afectar en grado significativo la ecuación económica del servicio y, con ello, provocar impactos gravosos en el usuario. 
En la reciente sesión del Concejo Deliberante en la que debía tratarse el proyecto de incremento del 40 por ciento de la tarifa, durante el cuarto intermedio, la DPA propuso a los ediles que retiren la iniciativa legislativa a los efectos de explorar a lo largo de un tiempo prudencial distintas opciones para coadyuvar a sostener el servicio a tarifas razonables, sin perjuicio de la búsqueda de recursos de extrajurisdicción. 
Debe señalarse en ese sentido, que los concejales Rodolfo Manson y Martín Rodríguez y el concejal Sergio Schroh, cada uno a su tiempo y con sus propias visiones sobre el particular, formularon iniciativas que esta Defensoría entiende terminaron por decantar la decisión del cuerpo de retirar el proyecto, en medio de la creciente expectativa del numeroso público, especialmente jóvenes estudiantes, que permanecían en el salón atentos a la definición de un aumento del boleto que afectaría grandemente los bolsillos de las familias sanmartinenses. 
Pero como muy bien dijo durante aquella sesión el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Winkelman, el asunto estaba lejos de haber terminado, sino que exigiría un denodado trabajo para ponerlo en cauce. 
Lo cierto es que la actual curva inflacionaria del país, aun cuando en el futuro se produzcan cambios significativos que mejoren las actuales condiciones, tiene un componente inercial que en el mejor de los casos repetirá la afectación del poder de compra a niveles similares en los próximos 12 meses. En cualquier circunstancia, lo que está claro es que semejante escenario obligará a volver a revisar las tarifas del servicio público en breve, repitiendo el ciclo de ajustes sin fin. 
Es por ello que la DPA, en estricto cumplimiento de su misión impuesta por la Carta Orgánica y la Ordenanza 10136/14, que involucra –entre otras- detectar y recomendar correcciones a fallas sistémicas de la administración en defensa de los derechos de vecinos y vecinas, entiende imprescindible que frente a esta coyuntura la ciudad debe recuperar herramientas propias, quebrando la dependencia externa, sin por ello dejar de gestionar recursos de extrajurisdicción que colaboren a atender el problema. 
La DPA ha solicitado una nueva entrevista con la Comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante, para exponer aquellas ideas y otras que en conjunto acaso puedan ser factibles de explorar por los poderes políticos de la ciudad, a los efectos de enfrentar la actual crisis. Aquí se ofrecerán de modo sumario y sucinto tales propuestas, algunas de las cuales ya fueron explicitadas y fundamentadas en las iniciativas de octubre y noviembre de 2018, que presentó esta Defensoría. 
Asimismo, se ensaya aquí un orden posible de tales propuestas sólo a los fines de darles coherencia en el tiempo, y a sabiendas de que se trata de ideas preliminares. También se adjuntan a la presente algunas de las simulaciones ya realizadas por la Defensoría en 2018, a propósito del sistema de estacionamiento medido y pago. 

1. Declaración del transporte público en emergencia por 12 meses prorrogables, a los efectos de facilitar y dar marco institucional, político y jurídico a las decisiones que siguen. 
2. Inmediata normalización de las frecuencias del transporte público y su servicio 
regular. 
3. Sin abandonar el actual esquema de subsidios, inmediata suspensión por tiempo no mayor al equivalente a la emergencia de los pagos fiscales que realiza la empresa de transporte público al municipio (patentes, derechos, otros...) 
4. Llamado a estudio de costeo, propiciando la participación de cooperativas y organizaciones sociales sin perjuicio de otros interesados, para la implementación del sistema de estacionamiento medido y pago en el casco céntrico, cuyos ingresos serán destinados en su totalidad a solventar la tarifa, explorando la alternativa de gratuidad del boleto estudiantil. 
5. El costeo del sistema debería tener como referencia el esquema de estacionamiento medido y pago con las simulaciones ya presentadas por la Defensoría en noviembre de 2018, y que aquí se adjuntan a modo de ejemplo, sin perjuicio de utilizar otras de otras fuentes, ya obrantes o a determinar. Debe aclararse que las simulaciones realizadas por la Defensoría toman valores brutos de ingreso, debido a la variedad de sistemas posibles para el cobro del estacionamiento, que van desde aplicaciones digitales a la venta de tarjetas impresas o un mix de todas ellas. Es por ello la necesidad de avanzar sobre los costos del sistema. 
6. Constitución de una mesa de trabajo intersectorial con tiempos acotados a 150 días, que reúna a los poderes municipales y prevea mecanismos de participación de vecinas y vecinos y/o organizaciones sociales y empresarias, a los efectos de evaluar el o los sistemas propuestos, antes de su formalización por la vía administrativa y la figura jurídico administrativa que correspondiere. 
7. Implementación exploratoria del sistema en el término de 160 días y por un primer lapso de 12 meses, a los efectos de propiciar correcciones si es que hubiere necesidad de ellas. 
8. Hasta la efectiva transferencia de los ingresos del estacionamiento medido y pago, cuya mejor mecánica deberá determinarse, es decir si fuere conveniente subsidiar directamente a la empresa o subsidiar al usuario por vía de las cargas de las tarjetas magnéticas y la segmentación de usos, se dispondrá de un incremento tarifario del 10 por ciento sobre el actual valor del boleto. 
9. El ajuste se revisará a la baja si de la transferencia de ingresos por el sistema de estacionamiento medido surge una mejora ostensible de la ecuación económica de la empresa durante los primeros cuatro meses de funcionamiento. 
10. En adelante, toda modificación en alza de tarifas de los servicios públicos en general concesionados por el municipio, deberá someterse a audiencia pública previo llamado con ese fin. La Carta Orgánica no prevé este mecanismo aplicado a las tarifas, pero esta DPA entiende que es perfecta y constitucionalmente posible y así lo ha hecho saber en un documento específico, dependiendo en ese caso de la decisión de los ediles en cada ocasión, y fundado en el indudable interés público y la afectación colectiva del tema. 
11. En el marco de la emergencia y de su eventual prórroga, explorar el alineamiento de los tiempos del actual contrato de concesión y la procedencia o no de su extensión hasta la finalización de la emergencia, si en efecto esa condición extraordinaria se prorroga y si ésta alcanza los tiempos de la finalización del vínculo, siempre que se cuente con el acuerdo voluntario de la contraparte. 
Se insiste en que las ideas enumeradas son presentadas como un plan de acción a los efectos de un mejor ordenamiento, pero en modo alguno deben interpretarse como tal, y mucho menos como propuestas cerradas a la discusión, pues la Defensoría no pretende más cometido que el de aportar iniciativas que sirvan para la mejor toma de decisiones a los poderes institucionales, únicos capaces de asumir las decisiones políticas y evaluar su conveniencia y oportunidad, ya sea de aquellas ideas o de otras. 
Para quienes estén interesados en profundizar estas ideas y los datos técnicos que las alimentan, la DPA pone a disposición de quien lo solicite la información que obra en su poder 
Se adjuntan las simulaciones de estacionamiento medido realizadas por la DPA en 2018. 
Defensoría del Pueblo y del Ambiente.