La idea es que los profesionales paguen esta tasa cuya recaudación se destina a la promoción de la actividad turística. La última palabra está en mano de los concejales.

08 Mar 2011
    

Los integrantes del Concejo Deliberante deberán tratar este año la puesta en vigencia o no, de una ordenanza que amplié la base imponible de la tasa por Ensatur, tema este que se trató el año pasado y que luego al parecer cayó en el arcón del olvido.

 

La idea consistía en que todos los profesionales, por caso médicos, abogados, arquitectos, contadores, escribanos,  paguen la tasa en cuestión que actualmente abona todo comerciante de la ciudad.

De ser así ampliaría la cantidad de contribuyentes que pagarían una tasa para la promoción del turismo  una de las principales actividades económicas de la ciudad, junto con las construcción.

 

Las discusiones entre el Ensatur y los colegios de profesionales sucedieron en julio del año pasado y  dieron que hablar ante la negativa de los últimos de abonar dicha tasa.

 

Quienes apoyan el proyecto aseguran que “las estadísticas muestran un crecimiento parejo y sostenido en casi todos los segmentos y actividades de la localidad, demostrando claramente que la economía local está ligada en forma directa a la actividad turística”.

Según algunos datos oficiales desde 1992, fecha de creación del Ensatur, hasta el 2009 se experimentó un 105 por ciento de aumento en las plazas hoteleras, un 116 por ciento en gastronomía, un 250 por ciento de turistas en verano y un 108 por ciento la cantidad de población. Además se asegura que el ingreso bruto turístico anual a moneda constante aumentó un 785 por ciento. obligación ya que en forma directa indirecta se beneficia de la actividad económica que genera el turismo.

 

Posición

 

Por su parte los profesionales en su momento cuestionaron la legalidad del proyecto de ordenanza ya que según explicaron las tasas se cobran sobre servicios públicos. Además afirmaron que de ser así esta tasa debería ser afrontada por la totalidad de los contribuyentes de acuerdo a su capacidad contributiva y no por algunos sectores. Valgan como ejemplos la recolección de residuos, el alumbrado público o el barrido de las calles sólo por citar algunos de esos servicios que paga toda la comunidad.