Expresan desde la empresa Werefkin en relación a la obra de las 33 viviendas en Cordones del Chapelco. La misma se encuentra detenida desde hace por lo menos 3 años. Responsabilizan a ADUS y a sus funcionarios por el estado de la obra.

06 Ago 2012
    

La obra fue contratada años atrás por la Cooperativa General Lavalle, conformada por 33 personas para ese fin, con la empresa Werefkin. La obra debía ser financiada por Nación y Provincia.

El gobierno nacional envió una parte de los fondos con los que se empezó a construir el plan de viviendas, pero “desde el inicio provincia no comenzó a mandar los fondos, se tomó dos años en mandarlos” explica el ingeniero Ricardo Paterno, gerente de la constructora Werefkin.

“Sabemos de los problemas que acarrean estos planes federales, por eso hasta que no tuvimos el dinero que nos dio provincia y nación no comenzamos la obra” se explica, pero “por ejemplo tenemos atrasos de 300 días en el pago de certificados (de obra) con re determinaciones de precios que no reflejan la realidad.”

En tanto la obra se fue realizando a medida que iban llegando fondos, alcanzando un nivel de ejecución inferior al 40%, pero los pagos –por parte del ADUS- se detuvieron hace alrededor de 2 años, por lo que la empresa decidió suspender los trabajos.

“Hicimos reclamos, se intentó tener reuniones con la gente del ADUS, nunca nos recibieron, después políticamente (Marcelo) Sanpablo ha trabajado dentro de la ciudad mal aconsejando a la gente – como lo hizo en las 120 viviendas – nunca entendimos la causa y tal es así que aconseja a la gente a renunciar a la Cooperativa Lavalle y quedó un vacío legal” expresa Paterno.

Sobre la demanda que Werefkin entabla sobre los adjudicatarios (ver nota asociada) el profesional dice que es porque el contrato se firma con ellos, “para poder recuperar todo lo invertido ahí, y los adjudicatarios deberían demandar a los entes demandantes que son los que han retenido el dinero”.

Para la empresa Werefkin la deuda de pago de certificados, sin contar los gastos improductivos y seguros, ascendía $600.000, cifras contabilizadas al momento en que se detuvieron los pagos de provincia, hace dos años.

“Yo he recibido a los vecinos en la oficina y en su momento les aconsejé que no hiciesen caso a los que les estaba diciendo Sanpablo, porque estos políticos mal aconsejan a la gente y después desaparecen” aseveró Paterno.

Nota asociada
Werefkin demandó a 33 familias en $6 millones