Una jornada de violencia y tensión se vivió en la vecina localidad de Junín de los Andes, donde la aplicación del Protocolo Antipiquetes por parte de las fuerzas federales dejó un saldo oficial de seis agentes de seguridad lesionados. El conflicto se desató sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del puente del río Curruhué, punto neurálgico que había sido bloqueado por trabajadores municipales en reclamo de mejoras salariales.
Según el reporte emitido por el Ministerio de Seguridad, los efectivos resultaron heridos durante las maniobras de desalojo, en las que se registraron agresiones con elementos contundentes. "El operativo incluyó golpes, empujones y el lanzamiento de algunos proyectiles, además de insultos por el accionar policial que buscaba liberar la ruta", detallaron fuentes oficiales. El despliegue contó con la participación conjunta de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía Federal, quienes avanzaron sobre la cinta asfáltica para garantizar la libre circulación, amparados en la normativa vigente que habilita la actuación inmediata ante delitos en flagrancia.
El reclamo y la respuesta gremial El corte era sostenido por un grupo de trabajadores municipales —específicamente "empleados de ordenanza"— que exigían una recomposición salarial urgente ante la falta de respuestas del ejecutivo local. La modalidad de la protesta, que inicialmente liberaba el tránsito cada dos horas, se endureció con el correr de las horas, lo que motivó la intervención federal.
Desde la representación gremial, las críticas al operativo no se hicieron esperar. Referentes sindicales cuestionaron la desproporción del uso de la fuerza. "Deberían destinar esos recursos para que esta gente obtenga un salario digno en vez de gastarlos en reprimir", sentenciaron, denunciando que el despliegue de seguridad solo sirvió para caldear aún más los ánimos de familias que reclaman por sus ingresos básicos.
Situación actual Tras los incidentes, la traza de la Ruta 40 quedó liberada, aunque la tensión política y social en la localidad vecina persiste. Mientras el Ministerio de Seguridad destaca el cumplimiento de la ley y el restablecimiento del orden, los trabajadores mantienen el estado de alerta a la espera de una mesa de diálogo que ofrezca soluciones concretas a su demanda de fondo, más allá del despeje de la ruta.