Neuquén incorpora las Taser 10: impacto en la seguridad local

En un paso significativo hacia la modernización de las fuerzas de seguridad, el Gobierno de la Provincia del Neuquén anunció la incorporación del sistema Taser 10, posicionándose como la primera jurisdicción en Argentina en utilizar esta versión avanzada de dispositivos de baja letalidad. Esta medida se complementa con la llegada de las cámaras corporales Axon Body 4, diseñadas para registrar de forma transparente cada intervención policial.

La implementación no es solo una promesa a futuro: es un hecho inmediato que afecta directamente a nuestra región. Según confirmó el Ejecutivo, el personal policial de San Martín de los Andes, junto con efectivos de Neuquén capital, Zapala y Chos Malal, ya ha completado las instancias de capacitación técnica y legal para el uso de estos elementos.

Capacidad técnica del Taser 10

A diferencia de modelos anteriores, el Taser 10 permite hasta diez disparos antes de requerir una recarga, lo que ofrece un mayor margen de seguridad para el efectivo y reduce las probabilidades de incidentes fatales en situaciones de alta tensión. El dispositivo funciona mediante la incapacitación neuromuscular temporal, permitiendo controlar a sujetos violentos o en crisis sin recurrir al uso de armas de fuego.

Transparencia con cámaras Axon Body 4

Un punto crucial de esta actualización es el sistema de cámaras Axon Body 4. Estas cámaras "bodycam" están integradas al ecosistema de seguridad y cuentan con una función de activación automática. Según se detalló, si un efectivo desenfunda su Taser 10 o su arma reglamentaria, las cámaras de todos los policías presentes en un radio determinado se activan de forma instantánea.

"Esta tecnología no solo protege al ciudadano, sino que brinda seguridad jurídica a nuestros efectivos, ya que cada procedimiento queda grabado con audio y video de alta definición", destacaron fuentes oficiales durante la presentación. Los videos se suben automáticamente a una nube encriptada (Evidence.com), lo que garantiza que el material no pueda ser alterado ni borrado, quedando a disposición inmediata del Poder Judicial en caso de requerirse como prueba.

Inversión y despliegue

La inversión total ronda los 600 mil dólares, financiados a través de la Ley de Emergencia Penitenciaria y de Seguridad. El objetivo principal es dotar a las unidades de respuesta rápida y a las comisarías de zonas con mayor conflictividad de herramientas que permitan escalar el uso de la fuerza de manera racional y controlada. En los próximos días, se espera que las unidades locales comiencen a portar este equipamiento en las calles de nuestra ciudad.