“Esto nos está afectando a todos, nosotros estamos en el medio del conflicto y sin demasiadas posibilidades de solución, queremos involucrar a la ciudadanía porque son perjudicados por esto”, manifestó la Dra. Silvia Tello, secretaria del colegio de abogados de la 4° circunscripción.
Por un lado están los trabajadores judiciales que piden aumento salarial del 35%, y si bien “defendemos el derecho a huelga, y queremos que todos mejoren en sus posibilidades de ingresos, las medidas nos parecen demasiado virulentas para la situación.”
En este sentido, Carlos Sánchez Galarce, presidente del colegio de abogados, grafica la situación expresando que esto “implica la paralización del servicio de justicia, la gente que tiene su conflicto frente a la justicia no encuentra solución.”
Este es el segundo conflicto salarial del año, el primero que comenzó en febrero y terminó en mayo, resultó en un aumento del 11% para los trabajadores y funcionarios de la justicia, y “en agosto arrancamos de nuevo con un reclamo del 35%.”
Desde el colegio de abogados le solicitaron al TSJ el cumplimiento de ley 2670, que regula los procedimientos de negociación salarial en el ámbito judicial, “porque son ellos los empleadores que deben dar solución al conflicto salarial”.
En números concretos, el sueldo que percibe un escribiente – que es el más bajo - en el juzgado de Junín de los Andes ronda los $8300, un auxiliar cobra algo más de $12000, hasta cerca de $45.000 que percibe un juez; siendo del 80% la incidencia salarial en la masa presupuestaria en la provincia en el poder judicial.
“Tiene que haber razonabilidad en la petición y en las medidas”; a este respecto Sánchez Galarce expresó que ayer cerraron el acceso al edificio de tribunales en Neuquén, donde se produjeron hechos de violencia física a letrados que intentaron ingresar al edificio.
“Esto se está repitiendo en Neuquén donde hay agresiones a profesionales que pretenden hacer alguna procuración ante la justicia”, indicaron desde el Colegio.
En tanto los colegios de abogados de todas las jurisdicciones de la provincia realizaron las presentaciones pertinentes con las demandas de cada una de ellas y en sendas reuniones con el Tribunal repitieron, lo que se viene publicando en los medios, que no hay recursos para asignar a salarios.
Este nuevo conflicto surgió en agosto pasado y desde el gremio se mostraron cada vez más duros frente a la negativa de un aumento por parte del TSJ por falta de recursos, mientras que los colegios de abogados instan a la máxima autoridad judicial a que tomes cartas en el asunto y resuelva la situación, previendo la instancia siguiente de pedido de juicio político por incumplimiento de sus deberes que como empleadores les compete para solucionar el conflicto.
Finalmente el pedido también llegó a la Legislatura para que estudien el dictado de una ley para que “se produzca este desenganche, de forma tal que los empleados discutan sus propios salarios, y los funcionarios y jueces discutan el suyo.”