Presentaron conclusiones del acampe de la Asociación Cristian González

En el extenso documento enviado a los medios la Asociación Cristian González realizó su acostumbrado acampe a orillas del río Quilquihue, donde recibieron la visita de representantes de organizaciones, legisladores, vecinos y amigos de Cristian. 

Como dijo Ángel, papa de Cristian, el acampe tiene su razón de ser “para que no pase nunca más lo que le pasó a Cristian, para mantener viva su memoria y para seguir demostrando que esos lugares son de todos, que está para el disfrute de todo el que quiera ir y no para unos pocos vivos que se adueñan de las costas, de lo que es público y te alambran y te matan”. 

El escrito mencionado explica “Han pasado más de seis años desde el asesinato de Cristian González en manos de Horacio Calderón, seguridad privada que respondía a los intereses de Gaspar Schroh. Una bala. Sólo una bala en el cuello y Cristian cae desplomado.” 

Apuntan a la “impunidad que permite que el empresario camine las calles de este país con una condena de dos años y medio en suspenso por facilitación de arma de fuego. Injusticia que se suma a una larga listas de desigualdades que ponen en riesgo la vida de mujeres y varones trabajadores y de los sectores populares (…). Las redes de poder que muestran sus garras al hacerse de tierras para el disfrute de unos pocos y el permanente negocio que arroja a las mayorías a la pobreza. Redes de poder que sitúan a Schroh junto a Jorge Sobisch y el Movimiento Popular Neuquino (MPN).” 

Compartimos los puntos ratificados en el último acampe de la Asociación: 

“La base de la que partimos es el compromiso ante temas centrales en nuestro momento histórico: 

1º. Libre acceso a costas de ríos y lagos: el ejemplo de lucha de Ángel y Mirta, padre y madre de Cristian, han puesto en discusión la necesidad del cumplimiento de las leyes vigentes que aseguran un derecho de todos y todas a transitar y recrearse en las costas, donde deben respetarse los 35 metros de ancho de las mismas. Estos espacios que son públicos han visto como han sido avasallados por el privado que busca hacer suyo lo que es de todos y todas; mientras los gobiernos municipales, provinciales y nacional hacen negocios en este avance de la privatización de lo que es nuestro. El actual proyecto de reforma del Código Civil y Comercial en Argentina plantea en este punto un atropello a derechos adquiridos por el pueblo, al reducir las costas a 15 metros mientras sean ríos o lagos navegables. 

2º. Recreación y espacio sociales: la Asociación “Cristian González” impulsa desde hace un año la construcción de un camping social y comunitario en las inmediaciones del río Quilquihue donde fue asesinado Cristian. Este proyecto propone un espacio de esparcimiento y recreación, a la vez cultural, que logre que los sectores populares puedan tener un lugar de referencia para distintas actividades. Desde el ejecutivo de San Martín de los Andes, a cargo de Juan Carlos Fernández, se comprometieron a autorizar dicho proyecto, sin embargo a la fecha no ha habido respuesta alguna. Misma actitud ha tenido el Concejo Deliberante. Reafirmamos la necesidad de este tipo de espacios comunitarios que aseguran que trabajadores y trabajadoras junto a sectores populares puedan tener acceso al lago Lolog en condiciones dignas tanto para acampar como para disfrutar de la naturaleza de éste lugar.  Desde la perspectiva de la autogestión este proyecto es una propuesta que cambia el enfoque de los negocios privados en torno a nuestros territorios y centra en el trabajo social y cultural las bases de un cambio profundo en lo que respecta al acceso de las costas de ríos y lagos en nuestro país. 

3º. Saqueo y contaminación de nuestros bienes comunes: el avance de las fronteras del monocultivo de la soja transgénica, junto a la megaminería o a los emprendimientos forestales ponen en severo peligro nuestro medio ambiente a partir de la contaminación de acuíferos y la destrucción de la diversidad tanto en la flora como en la fauna. Es inadmisible un sistema económico basado en las retenciones de las exportaciones de soja y minerales que cotizan en la bolsa de Londres. Las empresas multinacionales son las invitadas al festín, mientras la rentabilidad llega a niveles insospechados. A cambio expulsión de campesinos, campesinas y pueblos originarios de sus territorios. Entre Neuquén y Mendoza se encuentra el emprendimiento de sales de potasio de la empresa Vale, sales que serán utilizadas como fertilizante en el cultivo de la soja transgénica y, con ello, sostener el desmonte de lugares como el Amazonas o el monte chaqueño. Por estos días esta empresa ha parado las obras de construcción de la planta que permitiría el pleno funcionamiento de la explotación. Esta decisión responde a errores de previsibilidad en el proyecto entorno a las pretensiones de rentabilidad junto al incumplimiento de acuerdos pre-establecidos. Los bienes comunes son del pueblo y no de un grupo de megaempresas que se llevan todo y nos dejan destrucción, contaminación y una brecha social que profundiza las desigualdades. 

4º Impunidad: la violencia tienen varias caras y se expresa en cada caso de gatillo fácil, en cada violación a una mujer, al criminalizar la lucha y la protesta social. Si bien estas tres dimensiones parecen disociadas, están lo suficientemente bien articuladas por el poder económico para que se reproduzca el sistema en contextos de miedo y opresión. Sistema capitalista que ha sabido articularse con el machismo para buscar dominar el mundo.  Ejemplos claros de estas políticas que describimos son los asesinatos de Cristian González y, también, el reciente caso de gatillo fácil en la ciudad de Neuquén donde la policía provincial mató a Brian Hernández al disparar a la parte trasera del vehículo donde circulaba con sus amigos. La violación y golpiza que sufrió una mujer de 20 años en la ciudad de Aluminé, el 25 de diciembre pasado, y la complicidad del juez Oscar Domínguez que dejó en libertad al violador, ponen en riesgo la integridad de las mujeres. La violencia institucional que enumeramos se agrava ante la criminalización a luchadoras y luchadores populares en el país. Ya suman más de 5000 compañeros y compañeras procesadas por luchar, de los cuales alrededor de 1500 corresponden a causas abiertas por la justicia de la provincia de Neuquén. Las recientes detenciones de Martín Maliqueo, Mauricio Rain y Relmu

Ñamku, integrantes de la Comunidad Mapuce Wincul Newen, resultaron por resistirse a una orden de desalojo dictada por la jueza de Zapala Ivonne San Martín en favor de la empresa multinacional Apache que intenta explotar gas no convencional a partir del método de fracking  y, con ello, poner en riesgo el acuífero de Zapala y desplazar al pueblo Mapuce de sus territorios. 

5º Ley antiterrorista: la sanción de esta ley responde a los pedidos de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para establecer un marco de previsibilidad jurídica para que países como Argentina, que han adherido a esta entidad, puedan recibir financiamiento internacional y, con ello, engrosar el endeudamiento público. Esta ley lo único que asegura es acentuar la criminalización de la protesta social.

Reafirmamos la urgencia de la unidad en la lucha como camino para el cambio social. Unidad que permitirá derrotar definitivamente las injusticias del mundo en cualquier lugar y en cualquier momento.”