Los abajo firmantes, docentes de todos los niveles y modalidades de las Escuelas Públicas de San Martín de los Andes, queremos dejar en claro nuestra posición ante el conflicto sindical en el que estamos.
En dos oportunidades, al abrir las sesiones ordinarias de la Legislatura y al recordar un nuevo aniversario del asesinato del compañero Carlos Fuentealba, Ud. ha agradecido “a todos los maestros que están al frente de sus responsabilidades y obligaciones en las aulas”, en oposición al “5% que realizan paro”.
Ciertamente, algunos están en las aulas, pero no en espera de agradecimientos, sino como otra forma de compromiso con la Educación Pública. No buscan diferenciarse de los compañeros que realizan el paro para que Ud. los sume a una lista de los anti-paro. Acuerdan con las demandas sindicales ya que son trabajadores: básicamente, hay que dar cumplimiento al artículo 38°, inciso b, de la Constitución Provincial, referido a garantizar el “salario vital mínimo móvil”. Intentando construir otra forma de reclamo que garantice a los alumnos poder estar en las aulas.
Al homenajear la persona de Carlos, Ud. recordó a su abuela y a su madre, docentes también. Seguramente para resaltar sus valores y actitudes. Aten comparte el ideario de todo docente que haya actuado, y actúe, con dedicación y responsabilidad. A su vez, Ud. hizo una positiva referencia a los conceptos del actual presidente de Ecuador, quien señaló que la educación es “un deber ineludible e inexcusable del Estado”, además de ser “un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal”. Pero omite emular las políticas sociales en general y educativas en particular que ha llevado adelante Rafael Correa, o sea, pasar de la declamación a la acción, de enunciar derechos a efectivizarlos. Le recordamos que para tener escuelas abiertas primero hay que tener escuelas, y segundo asegurarse que tengan las condiciones de seguridad y comodidad que permitan el normal desarrollo de las actividades tanto laborales como de estudio.
Día a día se evidencia en la escuela neuquina la ausencia de ese “deber ineludible e inexcusable del Estado” al que hizo referencia. Esto es claramente visible para todos nuestros vecinos en la falta de construcción de los nuevos establecimientos que hace años nuestra comunidad requiere: EPET 21, Escuela N°359, Escuela de Música, Escuela de Adultos, CIART, Jardín N°53. También en todos aquellos edificios que tienen muchas décadas y requieren de obras y reparaciones importantes. Y hay que sumarle a esto los cargos que se necesitan para garantizar la atención adecuada de todos los alumnos.
Para aquellos que somos afiliados a ATEN, reconocemos en nuestro sindicato espacios de discusión a partir de diferencias ideológicas y metodológicas que se procuran resolver de manera interna y democrática. No intente utilizar estas divergencias internas, y nuestras formas de reclamo diversas, para sustentar su postura antisindical y antihuelga, la que ha difundido personalmente o través de otros funcionarios de su gobierno. Tenemos en claro que incumplió con el Acta Acuerdo de diciembre de 2.011, al no convocar a la Mesa de Negociación pautada para julio del año pasado, con una finalidad político – electoral: la de posicionarse como un candidato duro ante la sociedad frente a los reclamos sindicales por una Educación Pública de calidad.
No es este el escenario que la EDUCACIÓN necesita. Nuestra sociedad actual, nuestras niñas y niños, los jóvenes, requieren un debate profundo sobre lo educativo y el rol del Estado. Esta fue la Provincia del Plan Educativo Provincial, un proyecto participativo y democrático, que se fue desarticulando a principios de los años ‘90. Esta es la provincia donde a partir de la resistencia de nuestro sindicato se logró rechazar la Ley Federal de Educación, que planteaba mayor flexibilización laboral, desaparición de la educación técnica y un empobrecimiento de la propuesta pedagógica. Esta es la Provincia de la Ley 242, que prevé un funcionamiento del Consejo Provincial de Educación como gobierno en esta área, con atribuciones amplias y autarquía económica.
Es en este punto donde queda bien en claro como, durante casi dos décadas, se ha venido llevando adelante una depreciación de la política educativa: con la creación y ampliación del Ministerio de Educación se le fueron quitando atribuciones al Consejo Provincial de Educación y su funcionamiento colegiado y democrático, incumpliendo de esta forma con la Ley 242. Así, no sólo lo presupuestario pasó a la esfera ministerial, sino que los diferentes funcionarios del ejecutivo en el CPE no profundizaron el debate sobre las necesidades del sistema educativo.
No era necesario recurrir a los argumentos de un presidente latinoamericano para fundamentar la importancia de la Educación en una sociedad; basta leer, reflexionar y cumplir con los 25 artículos del Capítulo Educación de nuestra Constitución Provincial: están allí los lineamientos precisos para desarrollar una política educativa pública que sea abarcativa, profunda y prioritaria, como entendemos, es el anhelo de todos y todas.
Mientras tanto, y de cara a la sociedad neuquina, ATEN, con diversidad de estrategias, en conjunto, reclama a las autoridades que cumplan con su deber. Nada menos.
Atentamente