La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) de Chile interpuso un recurso de amparo en contra del Ministerio del Interior de ese país y en favor de los dos trasandinos prófugos por el asesinato del policía José Aigo, ocurrido el pasado 7 de marzo. La entidad teme que los evadidos pudieran haber sido detenidos de forma ilegal.

14 Abr 2012
    

La Codepu se identifica en su portal como "una organización no gubernamental de Derechos Humanos fundada durante la dictadura militar, el 8 de noviembre de 1980". Desde hace 30 años, dice, "asiste a las víctimas y los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y lucha contra la impunidad".

La abogada Alejandra Arriaza Donoso, secretaria ejecutiva de Codepu, presentó la acción judicial el pasado miércoles en la Corte de Apelaciones de Santiago, en procura de "aclarar la situación real en que se encuentran los chilenos Alexis Cortés Torres y Jorge Salazar Oporto".

Sostiene el escrito que "ellos permanecen desaparecidos desde el 7 de marzo de 2012, fecha en que se vieron envueltos en un confuso incidente en la ciudad de Junín, en Argentina, en el que resultó muerto un policía de ese país".

"Tememos por la vida y la seguridad de ellos; no hay informaciones y existe una condena (social) previa sobre ellos, la que se ha visto reflejada en diversos medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros. No hay garantías, no existe un debido proceso, hay orden de captura internacional que recae sobre ellos y, para colmo, el gobierno de Neuquén puso precio a su captura. Tememos que estén detenidos en forma ilegal", dijo la Secretaria Ejecutiva de la Codepu.

El recurso también solicita informes de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

El asesinato se produjo sobre la Ruta 23, a la altura del paraje Pilo Lil, cuando una patrulla de la Brigada Rural integrada por el sargento Aigo y el oficial Pedro Guerrero interceptó para un control de rutina a una camioneta, en la que se desplazaban Cortés Torres y Salazar Oporto, al volante de Juan Marcos Fernández, propietario del rodado e hijo del intendente de San Martín de los Andes.

Salazar Oporto (identificado inicialmente como "Juan Carlos") descerrajó dos disparos mortales sobre Aigo, al momento en que el policía realizaba el registro de la pick up Mitsubishi L200.

Fuente Río Negro.