Entre el 4 de mayo y el 11 de julio de 2012, trece ciudadanos de esta localidad cordillerana, realizaron 21 pedidos de información que fueron dirigidos a 20 direcciones, subsecretarías y secretarías del Departamento Ejecutivo, requiriendo informaciones sobre 61 cuestiones vinculadas a asuntos públicos locales.
Los pedidos fueron hechos amparados en el derecho a peticionar a las autoridades consagrado tanto en el Artículo 14 de la Constitución Nacional, como en las convenciones y declaraciones de los organismos internacionales que gozan de rango constitucional, y conforme lo prescribe la Ordenanza 5661/04 de la Municipalidad de San Martín de los Andes, que reglamenta el citado derecho para los asuntos locales.
De los 21 pedidos realizados, 10 fueron respondidos por las autoridades hasta la fecha. De las diez respuestas ofrecidas, cuatro fueron formuladas dentro de los 10 días hábiles previstas en la norma; tres fueron respondidos dentro de los 20 días hábiles previstos contemplando el plazo de prórroga; los tres restantes fueron respondidos en plazos que superaron los 20 días.
En ninguno de los casos en que se respondió excediendo el plazo mínimo, se informó que la provisión de la información solicitada, requeriría un plazo que exigiría el período de prórroga contemplado en la norma.
De las diez respuestas ofrecidas por las autoridades, seis fueron remitidas con información relacionada al pedido. En cinco de esas respuestas, la información provista fue completa y pertinente. De las cuatro respuestas ofrecidas sin información, un pedido fue denegado.
En resumen, a partir de los 21 pedidos formulados, se generaron tres respuestas con información completa y pertinente dentro de los plazos previstos en la normativa vigente de parte de las autoridades requeridas.
El estudio generado por vecinos y vecinas que forman parte de la Red Ciudadana San Martín de los Andes Cómo Vamos, contempla también el análisis de la normativa en la ciudad, indicadores de la capacidad operativa institucional (Existencia de órgano de Implementación, Accesibilidad del proceso de tramitación de los pedidos de IP, Existencia de Planes, programas y políticas públicas, otros), e indicadores de Ejercicio activo del Derecho, como la transparencia proactiva.
Los Indicadores de Acceso a la Información pública miden el grado de acceso efectivo a la información a partir del ejercicio ciudadano del derecho. Evalúan el funcionamiento de la organización administrativa en relación al ejercicio efectivo del derecho identificando variaciones según áreas temáticas.
El Acceso a la Información Pública (AIP) es una de las estrategias centrales de las agendas locales de cada una las iniciativas que conforman la Red Argentina por Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables. Con el apoyo de IBM Argentina y la Fundación AVINA estas experiencias se proponen desarrollar y fortalecer en siete ciudades de Argentina (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Maipú, San Martín de los Andes, Santa Fe y Rosario), cuatro provincias (Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén) y en la nación Argentina, un sistema de monitoreo ciudadano en relación al AIP.
Para ello, la primera tarea emprendida fue la construcción y selección de indicadores comunes que posibiliten relevar y analizar los modos en que los gobiernos locales en estos distritos producen y hacen accesible a la ciudadanía información de competencia pública. Además, las cinco iniciativas se integran en un proceso de trabajo conjunto que les permite no sólo comparar resultados y performances de los gobiernos locales sino también instalar el tema en la agenda nacional desde iniciativas de la sociedad civil que se proponen no sólo reivindicar sino también ejercer el Derecho a la Información Pública.