El pasado jueves el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de comunicación presentado por el concejal vecinalista Alberto Bruno en el que se comunica a la Legislatura provincial el interés por el pronto tratamiento del proyecto de ley para la adhesión a la Ley Nacional 26.879 que crea el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculado a Delitos contra la Integridad Sexual.
El autor del proyecto explicó la motivación que lo llevó a presentar este pedido, “tengo conocimiento de que hay vecinos en nuestra localidad que han cometido abuso sexual y que están condenados, y que por ahí se sientan en la mesa de café con nosotros, viajan en el colectivo, o comparten la salida de la escuela de alguno de sus hijos o nietos; y yo quiero que esta gente esté identificada, quiero saber quiénes son.”
El proyecto de ley provincial de adhesión a la ley nacional se encuentra “frenada” en la legislatura, “entiendo que por la ardua tarea en el trabajo del acuerdo de Chevron en su momento”, indicó Bruno. A partir de lograr la adhesión, el edil comenta la intención de sancionar la ordenanza de adhesión a las respectivas leyes para que San Martín de los Andes pueda contribuir al banco de datos genéticos para vinculado a Delitos contra la Integridad Sexual.
“Yo no quiero convivir con esta lacra de la sociedad, quiero que la sociedad sepa quién es el vecino que tiene al lado; y nosotros tenemos la posibilidad en el proyecto de ordenanza, no solo adherir sino profundizar y ver la posibilidad de hacer público a aquellos que ya tienen sentencia firma, de decir este fulano es abusador de menores, y que la sociedad lo sepa y que se vaya de San Martín”, sentencio Bruno.
Ley Nacional 26.879
La ley nacional 26.879 propone facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual.
El registro almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida durante una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos contra la integridad sexual.
Además, la norma establece que los exámenes genéticos se practicarán en los laboratorios acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Asimismo, el proyecto explica que el juez o tribunal ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética del condenado y su inscripción en el Registro.