La provincia del Neuquén, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el ministerio de Justicia de Nación firmaron ayer un convenio para la puesta en funcionamiento del cuerpo de abogados que ofrecerá patrocinio jurídico gratuito a mujeres víctimas de violencia de género. La actividad tuvo lugar en la sede del TSJ, en Alberdi 52 de Neuquén capital.
En representación de las partes, firmaron el convenio el presidente del Tribunal, Roberto Busamia; la subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez; los ministros de Gobierno de la provincia, Juan Pablo Prezzoli; de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, Mariano Gaido y de Ciudadanía, Vanina Merlo; y la subsecretaria de las Mujeres, Patricia Maistegui.
El objetivo central es promover, fortalecer y federalizar las políticas públicas de Acceso a la Justicia para personas víctimas de violencia de género.
Prezzoli precisó que “Neuquén se convierte en la primera provincia de la Patagonia y una de las primeras del país” en contar con su cuerpo de profesionales para brindar patrocinio jurídico gratuito a mujeres que han sufrido violencia de género.
Luego de una convocatoria a la que se presentaron 20 profesionales a través de los Colegios de Abogados de la provincia, se seleccionaron tres abogadas que hicieron un curso de especialización en el tema. “En una segunda instancia se podrán incorporar más profesionales, por ahora estamos en una etapa inicial que nos puede indicar cuál será la demanda”, señaló el ministro.
“Lo relevante es que de esta manera estamos cumpliendo con un compromiso asumido por la Provincia y por Nación en la causa de Ivana Rosales, que se encuentra en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, destacó.
Prezzoli recordó que para asesoramiento gratuito sobre violencia de género hay muchas instituciones en la provincia que trabajan en forma coordinada como el Ministerio Público de la Defensa, el Centro de Atención a la Víctima del Delito, la Oficina de la Mujer en el Poder Judicial y los Juzgados de Paz, entre otros. “Luego se hará una derivación a estas profesionales para el patrocinio en caso de iniciarse una causa judicial”, explicó.
Asimismo, recalcó que “el Estado no se va a desentender del caso, sino que seguirá el estado de la causa y verificará si se están logrando los objetivos”.
En tanto, Gaido expresó que “a través de la firma de este convenio estamos fortaleciendo las políticas públicas, sumando herramientas que nos permitan disminuir la violencia de género en la provincia”.
Soledad Gennari, vocal del TSJ, comentó que las profesionales fueron seleccionadas a través del módulo de Transformación Actitudinal de Género (TAG) y tomaron un curso incentivo de diez semanas. “El Estado tiene una responsabilidad muy importante porque estamos hablando de gestión de riesgo previsible y a través de esto se garantiza una defensa efectiva”, aseguró.
María Fernanda Rodríguez ponderó el trabajo conjunto con la provincia, que “ya venimos desarrollando, como en el caso de los dispositivos electrónicos para mejorar el control de las medidas cautelares o la actividad desplegada en el Consejo Federal de Trata”.
“No hay posibilidad de que la violencia hacia las mujeres desaparezca sin un trabajo en equipo, donde cada parte aporte lo mejor para lograr el objetivo de disminuir la terrible cantidad de femicidios que existe en el país”, concluyó.