“Yo no soy el único, somos miles de vecinos que estamos padeciendo este problema. En el afiche que traen las garrafas dice que, a nivel nacional, la garrafa de 10 kilos tiene que costar $16 y nosotros acá en San Martín de los Andes la estamos pagando $37 y $40”, dijo Roberto Belozo, un vecino damnificado que se animó a denunciar la situación.
Es que el precio que el gobierno nacional dispuso para la garrafa social es de $16, mientras que en los dos lugares donde se puede conseguir este beneficio, en una distribuidora en el barrio Las Rosas y en Carbonera San Martín, le explicaron que “a ellos se la bajan a $24 y después que le cobran $4 en negro por el transporte; acá hay alguien que está haciendo una estafa”, comentó enojado el vecino.
Asimismo Belozo realizó la denuncia en la delegación del Enargas en Neuquén – 0299.448.6779 - y se animó a acudir a los medios para que los demás vecinos perjudicados sumen sus denuncias para qué tome fuerza el reclamo.
Instó a que los vecinos en esta misma situación formulen la denuncia para reclamar un punto de expendio claramente identificado – como YPF en muchas otras ciudades – como distribuidora oficial y al costo que indica el gobierno nacional, ya que “como en cualquier ciudad grande, esos lugares medio clandestinos ya no tendrían que existir.”
Se refirió puntualmente a la distribuidora ubicada en el barrio Las Rosas que se encuentra en el garaje de un domicilio donde “a simple vista tiene más de 100 garrafas”, contó y agregó “uno va a ese lugar y no se ve una identificación o una habilitación.”
Por otra parte muchos vecinos acceden a un bono que entrega el municipio por el cual la garrafa debe ser entregada sin costo, pero Roberto también averiguó que de todas maneras les cobran entre $10 y $15.
Esta denuncia pública que realiza el vecino descubre, en principio, dos situaciones irregulares; por un lado el precio de la garrafa de gas, que subsidiado por el Gobierno Nacional debe tener un costo final de $16 y que le cuesta a cada vecino entre $37 y $40, y por otro lado las condiciones de los lugares de expendio – que según la ordenanza de venta de gas envasado – debe tener características muy definidas en virtud del producto en venta, lo que hace suponer que también están fallando los controles municipales poniendo en riesgo no solo al vendedor sino a las familias que se encuentran en las cercanías.