Coparticipación, la agonía del federalismo

Una manifiesta inconstitucionalidad les hace perder a las provincias $130.000 millones por año. La coparticipación es el mecanismo que regla la distribución vertical y horizontal de los recursos tributarios federales entre el Gobierno Nacional y las Provincias. El sistema vigente se basa en la Ley 23.548 del año 1988. Esta ley definía una “masa coparticipable”, integrada por el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales, exceptuando, en parte o en su totalidad, a los impuestos al Comercio Exterior, las Contribuciones a la Seguridad Nacional, y el Impuesto a los Combustibles.

La distribución de estos recursos establecía un 42,34% asignados a la Nación, un 56,66% a las Provincias y un 1% destinado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias. Durante los años 90, la Nación avanzó sobre el Régimen de Coparticipación efectuando detracciones de la masa coparticipable, a través de decretos de necesidad y urgencia, leyes del Congreso de la Nación, pactos federales, destinados a varios fines, aunque predominaron los destinados al sistema de jubilaciones y pensiones. En este período las Provincias cedieron alrededor de un tercio de los fondos que les corresponderían de aplicarse la ley en su alcance original.

Entre las quitas más relevantes se destacan: El 15% de la masa coparticipable general, que fue destinado al sistema de jubilaciones y pensiones desde 1992, más sumas fijas que constituyeron el Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales. En el año 2014 representa un retiro del sistema coparticipable de 67.000 millones de pesos.

El 11% del IVA, que equivale a una detracción para el mismo año de 33.000 millones de pesos.

El 36% del Impuesto a las Ganancias, que representa una suma de 82.000 millones de pesos.

El 70% de los Monotributos, equivalente a 4.000 millones.

El 70% del Impuestos a los Créditos y Débitos, que representa otros 49.000 millones.

Así, mediante estas quitas, se sustrajo de la masa coparticipable inicial, definida por la Ley 23.548, para el Presupuesto del año 2014, la suma de $235.000 millones.

Actualmente, una estimación nos indica que la denominada masa coparticipable neta, luego de las detracciones efectuadas, se reduce a un 55% de lo que preveía originalmente aquella ley. De acuerdo al índice de coparticipación, las Provincias están perdiendo más de 130.000 millones de pesos, sólo en el año 2014.

Es cierto que hubo algunas medidas como para atemperar esta situación, como el Fondo de la Soja, pero no cambian el fondo de la cuestión. Y, de esta manera, del 57% establecido inicialmente para la distribución primaria a las Provincias, se llegó a un 41% en 1991. Y sigue descendiendo a medida que pasan los años hasta llegar al 25% en la actualidad.

Este avance de la Nación sobre las Provincias, en materia de recursos coparticipables que intente sintetizar, provocó, más allá de la reducción de los fondos a las Provincias, algo mucho peor: la pérdida de una parte de autonomía por parte de las autoridades provinciales, que no pueden disponer de recursos que vienen con una afectación determinada. Lo que configura una degradación del sistema federal. Más allá de que las Provincias puedan recibir fondos de Nación por otras vías, es evidente que ha existido en este tiempo un desprecio por la norma, por las vías formales y ha crecido la discrecionalidad para premiar simpatías o adhesiones, y consecuentemente castigar las posturas provinciales independientes o no alineadas.