Por Ignacio Javier Baeza

06 Feb 2015
    

El domingo pasado (01/02) transcendió un hecho policial, lamentable por reiterado. Un hombre, vecino de esta localidad, habría asesinado con un arma de fuego a su pareja y luego se quitó la vida.

Informaron, casi todos los medios locales, los nombres de la pareja involucrada, se pudo constatar que el hombre tenía llamativamente varias denuncias en su contra de violencia familiar efectuadas por distintas mujeres. Específicamente con una pareja dos denuncias (2000 y 2001), con otra tres (dos en el 2010 y una en el 2011) y con la fallecida una iniciada recientemente a finales del 2014. (Conf. Consulta del poder Judicial de Neuquén, www.jusneuquen.gov.ar).

No se trata solo de otro homicidio más que sirva como dato de alguna estadística, sino de otro caso de violencia de género en el marco de la violencia familiar. En una nota de semanas atrás intentamos abordar brevemente este tema tan silenciado en la sociedad, mediante la nota publicada en este medio (http://www.sanmartinadiario.com.ar/opinion/9206-la-inseguridad-de-la-que-nadie-habla-violencia-familiar.html).

En ella partimos que según las estadísticas del Poder Judicial de la Provincia de Neuquén en el año 2013 del total de ingreso de causas de familia en nuestra zona (Dptos. Lacar, Huiliches y los Lagos), el 60,3% son de violencia familiar.

Se trata de relaciones que implican un abuso de poder de parte de quien ejerce maltrato. Estos abusos pueden ser emocionales, físicos, sexuales, financieros o socioambientales. La persona abusiva desarrolla su comportamiento en privado, mostrando hacia el exterior una fachada respetable, insospechable, educada.

Asimismo expusimos que en Neuquén existe una ley que abarca el tema de la Violencia familiar (Ley 2212). A pesar de ello, ocurre en muchas causas de este tipo en que la víctima, por más restricciones que ordene la justicia contra el abusador, es vencida emocional y socialmente, dado que no es acompañada ni recibe contención psicológica. También sucede que el abusador/a resulta ser el sostén económico de la familia, haciendo que la victima se vea presionada a no denunciarlo.

En este caso en particular, el homicida tenía varias causas de violencia familiar en nuestros tribunales de Junín de los Andes. Sin embargo, ello no fue impedimento alguno para continuar con su conducta.  Resulta que si bien existe una ley que contempla estas situaciones para proteger a las victimas, no hay registro alguno sobre los abusadores/victimarios de estas situaciones.

Situación distinta se plantea en el caso de los deudores alimentarios, donde fue creado un Registro mediante la ley 2333, con el objetivo de incorporar a las personas que adeuden, total o parcialmente, el pago de cuotas alimentarías fijadas judicialmente, estableciendo, además, prohibiciones y restricciones –en particular en el ámbito público– para quienes figuran en el listado.

Pareciera ser que tiene más relevancia para nuestra sociedad, registrar morosos/as que no cumplen con sus obligaciones alimentarias sobre los hijos que la protección de la integridad de las victimas de abusos en el seno familiar.

En cambio cuando se trata de otro tipo de abusos, si bien las víctimas tienen el comportamiento multicausal antes mencionado, además no existen testigos que se involucren, prima “el sálvese quien pueda” y el Estado no protege a los denunciantes con seguimientos efectivos, los deja al desamparo.

Esto tiene una consecuencia inmediata, tan hablada últimamente: la impunidad.

¿Por qué ésta sociedad, o ciertos individuos, les es tan fácil caer en la impunidad?

No será que hay una habitualidad, una naturalización de lograr objetivos, aun cotidianos de cualquier forma por el camino más corto: “total no pasa nada”, “Hacelo como te parezca” “a fulano le fue bien”. Estos dichos tan escuchados hablan de un desinterés por las normas y un privilegio casi absoluto  por “las reglas de juego”.

Esto no ha resultado beneficioso para nadie, en este caso hay una víctima anunciada. 

Dr. Ignacio Javier Baeza

i.baeza@baeza.com.ar-