Por Ignacio Javier Baeza

08 Mar 2015
    

            Hace unos días las pericias arrojaron indicios que establecieron que el incendio del depósito de archivos de la empresa Iron Mountain, que causara la muerte de ocho bomberos y dos rescatistas, fue intencional. Recientemente, en otro hecho incendiario  fueron encontrados rastros de bidones y dispositivos, que originaron los incendios en nuestras provincias vecinas.

            Los primeros reportes periodísticos informaron que en el caso del Iron Mountain, el origen del incendio se debió a un “cortocircuito”, ayudado por un sistema  anti ígneo que no funcionó. En el caso de Cholila, zona oeste de la provincia de Chubut, el responsable fue un “rayo”.

En el incendio de Iron Mountain, además de perderse las vidas de servidores públicos quienes no titubearon ante el riesgo del ejercicio de su misión para evitar que el fuego se propagase a uno de los barrios más poblados de la Ciudad de Buenos Aires, este depósito guardaba toneladas de información financiera y movimientos bancarios, de varios clientes, entre ellos del Banco HSBC.

En el incendio de Cholila, que lamentablemente aún continúa sin sofocarse, hasta el momento se perdieron nada menos que 34.000 hectáreas de bosque “nativo” (340.000.000 de metros cuadrados)

En ambos casos, volviendo a la introducción de esta nota, se supo que los incendios fueron intencionales.

¿Qué hay de tras de los incendios, quizás los beneficiados por la destrucción?

En general un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede abrasar algo que no está destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. Es decir es destructivo.

 

Iron Mountain, guardaba información bancaria, de carácter reservado, datos de movimientos de ingresos económicos de personas y sociedades. Dicha información tiene estrecha relación con las noticias conocidas hace unos pocos meses sobre cuentas no declaradas de ciudadanos argentinos en el extranjero (Suiza). Su destrucción repercute desfavorablemente para continuar la investigación, porque tales documentos, ahora inexistentes, constituirían una prueba de gran valor para el esclarecimiento del caso.

En la tragedia de Cholila la gran cantidad de superficie devastada corresponde al bosque nativo.

La Argentina protege a los bosques nativos y los define como aquellos ecosistemas naturales compuestos predominantemente por formaciones leñosas autóctonas, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfera, clima y recursos hídricos- y que se regenera espontáneamente, conformando una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica... (Conf. Ley 26.331)

Lay ley clasifica a los bosques nativos por su grado de conservación, estableciendo 3 categorías -roja, amarilla y verde-  que estipulan en general las restricciones y usos que se le puede dar a las tierras.

De esta manera, los bosques de categoría roja son los de más alto valor de conservación, solo podrá ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica; los bosques de categoría amarilla, de mediano valor conservación, podrá ser utilizado para el aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y los de categoría verde a criterio de la autoridad de cada provincia dentro de lineamientos que establecidos en la ley.

Por lo tanto a raíz de las restricciones impuestas por esta ley de conservación, el valor de esas tierras dependerá del uso que la norma le de a la tierra.

 

Sin embargo ante el menor cambio en las condiciones del suelo donde habitan estos bosques, la ley prevé la posibilidad de cambiar el uso del suelo tales como: la agricultura, la ganadería, la forestación, la construcción de presas o el desarrollo de áreas urbanizadas, entre otros.

La destrucción de miles de hectáreas que por su valor de conservación son improductivas no lo son para ciertas actividades económicas -ejemplo loteo inmobiliario-, lo cual abriría las puertas a un cambio de uso en el suelo de tales áreas.

En consecuencia, mientras transcurre el proceso investigativo de estos hechos, no es nada prejuicioso pensar en los intereses que juegan detrás de los incendios forestales en una de las zonas más bellas y necesarias del planeta. También entendemos que quienes están detrás de estos objetivos no tienen escrúpulos a la hora de ejecutar tales planes, se llevan puestas vidas humanas y miles de años de riqueza biológica.

¿Tendremos que ver de nuevo todas las versiones de EL PADRINO, para revisar una metodología mafiosa similar?

Porque los hechos igualan el honor de un servidor público que mientras está pagando la quinta de las doce cuotas del aire acondicionado, lo premian con una muerte anónima y heroica, a quien tiene el privilegio de no hacer la fila en el banco porque pasa directamente al despacho del  gerente, con la sola mención de su nombre. Tampoco podemos ser testigos mudos del robo de nuestro suelo por los “vivos” de la especulación. No. Mucho se ha parafraseado a cerca de la efectividad de una  justicia  lenta o rápida en sus procedimientos, pero más  allá de esto nadie puede dudar que su falta de resolución nos convierte en una sociedad de la “sospecha” que desgraciadamente siempre deja al desamparo a los más débiles.

 

Dr. Ignacio Javier Baeza

i.baeza@baeza.com.ar