El aumento salarial del 30% para el personal del poder Judicial obtuvo despacho unánime en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. El aumento se divide en un 10% desde el 1º de marzo, un 10% desde el 1º de abril y un 10% desde el 1º de mayo, calculados sobre los salarios percibidos en febrero. El tratamiento del proyecto de ley continuará en la comisión de Hacienda y Presupuesto.
En su exposición, Labate señaló que el presupuesto del poder Judicial es “muy acotado” y agregó que la planta de personal creció de 850 empleados en el año 1992 –año de creación de la ley de autarquía- a 1700 en la actualidad, crecimiento que adjudicó a la creación de nuevos organismos judiciales. Remarcó que el número de magistrados fue el que menor incremento tuvo –de 45 a 76- y lo comparó con la planta de profesionales auxiliares que creció en un 94% en el mismo lapso, pasando de 561 en el año ’92 a 1093 en la actualidad. Al argumentar la situación financiera del poder Judicial, hizo referencia a la duplicación de la planta de personal, la vigencia de un presupuesto que se mantuvo con el 18% de la coparticipación fijado por ley y el decrecimiento de la coparticipación “en una forma importante”.
En otro tramo, el titular del TSJ indicó que el objetivo del aumento salarial es mantener el poder adquisitivo de los trabajadores judiciales y que se toma como referencia los sueldos de la Corte Suprema de Justicia. Añadió que el aporte del poder Judicial para financiar parte del aumento se afrontará con “ahorros internos”, entre los que mencionó la reducción del gasto en alquiler de inmuebles a partir de la mudanza de las defensorías civiles a la ciudad judicial que, según dijo, ocurrirá en 30 días.
Durante la reunión, hubo planteos sobre la autarquía judicial y la independencia entre los poderes del Estado. El presidente de la comisión, José Russo (MPN), celebró que un poder “tenga que rendir cuentas” y en ese sentido, destacó la importancia de los contrapesos. Por su parte, Labate sostuvo que “debemos ser autárquicos en serio”.
Sobre la respuesta del poder Judicial a la comunicación de la Cámara N°22 en la que se solicitó información sobre la excarcelación de personas condenadas por jurados populares, Russo citó las acordadas Nº 5261 y 5258 en la que se fijaron pautas para agilizar la realización de audiencias.
Estuvieron presentes los diputados José Russo, Manuel Fuertes, Sergio Gallia, Pablo Todero, Jesús Escobar, Eduardo Benítez, Darío Mattio, Raúl Podestá, Raúl Dobrusín, Claudio Domínguez, Fernanda Esquivel Caliva, María Angélica Carnaghi y Beatriz Kreitman. La reunión fue presenciada por dirigentes del gremio SEJUN.