Dos años sin Justicia

El 1 de enero de 2016 la ciudad entera se tiñó de luto cuando, en horas de la tarde, los pequeños Matías Mercanti y Martina Sepúlveda, de 7 y 3 años de edad, fallecían en la playa del camping Lolen.

Fue luego de que un árbol de gran porte, cuyas raíces se encontraban expuestas, cediera y cayera sobre las decenas de personas que disfrutaban del sol en el lugar.

Dos años colmados de tristeza pasaron ya. De marchas en silencio. De fotos pegadas en vidrieras, en autos y en ventanas para no olvidar. Y el grito, ahogado, pero paciente, no se apaga, y continúa esperando Justicia.

El proceso judicial

La Fiscalía Federal de Zapala resolvió llamar a declaración indagatoria a siete personas por la causa: cinco pertenecientes al Parque Nacional Lanín y dos a la comunidad mapuche Curruhuinca, quienes estaban a cargo de la concesión de la playa donde ocurrió el trágico hecho.

El primero en presentarse en Tribunales fue el Guardaparques Matías Encina, quien utilizó su derecho a no declarar. Luego fue el turno de Gastón Marchioli, quien optó por relatar los hechos sucedidos ante la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, aunque negándose a responder preguntas, solicitando recientemente (aún sin fecha confirmada) ampliar su testimonio.

El proceso avanzó con la declaración de Diego Lucca,  titular de Guardaparques, quien continuó en la línea de sus anteriores compañeros, relatando lo ocurrido en esa jornada, y responsabilizando en mayor medida a la fuerza de la naturaleza y al viento.

La declaración hasta ahora más inesperada fue la de Juan Ignacio Jones, Jefe del Departamento de Conservación y Manejo del PNL, quien habría entregado una copia de la escritura del año 1989 por la cual Parques Nacionales cedía la titularidad de las tierras donde se ubica el camping a la comunidad mapuche Curruhuinca, revelando también que nunca se recibió (desde el PNL) un pedido formal de parte de la comunidad para retirar el árbol que terminó cayendo y provocando la tragedia.

Luego de Jones, las citaciones continuaron con María Mercedes Hilleman, Jefa de Uso Público del Parque, y Juan Delgado y Milena Cheuquepan, integrantes de la comunidad mapuche mencionada, que también utilizaron su derecho a no declarar, dado que su abogado había tomado el caso hacía menos de 24 horas.

Los siete imputados se encuentran acusados de homicidio culposo, lesiones graves e incumplimiento de los deberes de un funcionario público. La causa avanzará otra vez en febrero, luego de terminada la feria judicial.