Sus referentes hicieron uso de la Banca del Vecino en representación de distintas organizaciones y aportaron escalofriantes estadísticas nacionales, provinciales y locales, tanto respecto a la práctica del aborto, como a sus consecuencias.

30 Abr 2018
    

La semana pasada, en la última sesión de Deliberante local, la Asamblea de Mujeres Ni Una Menos de nuestra ciudad hizo uso de la Banca del Vecino para exponer su postura a favor de la norma que despenaliza el aborto. 

En representación de distintas organizaciones, aportaron escalofriantes datos estadísticos nacionales, provinciales y locales de la práctica del aborto y sus consecuencias. En referencia a esto, explicaron que, según los datos de Socorristas en Red, durante el 2017 ayudaron a realizar abortos a 97 mujeres de San Martín de los Andes, 35 de Junín de los Andes y 14 de Villa La Angostura, utilizando Misoprostol.

En conclusión, evidenciaron que un total de 146 mujeres abortaron el año pasado en la región de Los Lagos, mientras que en Neuquén capital ascendieron a 1116: 93 por mes.

Con respecto a la hospitalización por abortos riesgosos, detallaron la información suministrada por la ex-jefa del servicio de Ginecología del Hospital Castro Rendón de Neuquén capital, Gabriela Lucchetti, en la que se indica que en los últimos 5 años se internaron 522 mujeres por este tema, de las cuales 6 perdieron la vida, 16 fueron histerectomizadas (es decir que se fueron de alta vivas, pero sin su útero) y otras 26 estuvieron en terapia intensiva un mínimo de 7 y un máximo de 29 días.

A su vez, solicitaron al Concejo que se expida en relación a la norma en debate sobre la despenalización del aborto, presentando por mesa de entradas su minuciosa exposición.

El documento presentado por la Asamblea puede leerse a continuación:

“Nos parece importante empezar compartiendo con ustedes lo que han escrito las compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito:

Hace décadas las feministas venimos poniendo en debate el tema del aborto y las consecuencias de su status legal actual para la vida y la salud de las mujeres. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito es una amplia y diversa alianza federal, que articula y recupera parte de la historia de las luchas desarrolladas en nuestro país en pos del derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Tiene sus simientes en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Rosario en el año 2003 y en el XIX ENM desarrollado en Mendoza en el 2004.

Impulsada desde grupos feministas y del movimiento de mujeres, como así también desde mujeres pertenecientes a movimientos políticos y sociales, cuenta en la actualidad con la adhesión de 305 grupos, organizaciones y personalidades vinculadas a organismos de derechos humanos, de ámbitos académicos y científicos, trabajadoras/es de salud, sindicatos y diversos movimientos sociales y culturales, entre ellos redes campesinas y de educación, organizaciones de desocupadas/os, de fábricas recuperadas, grupos estudiantiles, comunicadoras y comunicadores sociales, etc.

Asumimos un compromiso con la integralidad de los Derechos Humanos, y defendemos el derecho al aborto como una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres y con ellas, la de todos los seres humanos.

Quienes la integramos hemos apostado colectivamente a converger en una gran heterogeneidad de actividades y procesos estratégicos para:

Instalar en la sociedad y en el Estado el debate en torno a la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto en Argentina;

Contribuir a que más mujeres y organizaciones se sumen en este proceso y reclamo;

Lograr el debate y la aprobación de una norma legal que despenalice y legalice el aborto en Argentina.

Fue lanzada el 28 de mayo de 2005, Día de Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y desde entonces tiene la capacidad y la fuerza de coordinar actividades simultáneamente en distintos puntos del país bajo la consigna: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Ese mismo año confluimos con una gran Marcha Federal realizada al Congreso de la Nación, en la que entregamos las cien mil firmas recolectadas en el primer año de trabajo articulado.

Consideramos la necesidad de legalizar y despenalizar el aborto como una cuestión de salud pública, de justicia social y de derechos humanos de las mujeres, lo que quedó plasmado en el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo elaborado colectivamente en el año 2006, durante una plenaria nacional realizada en la ciudad de Rosario. El Proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación en 2007 y en 2009. En marzo de 2010 se presentó nuevamente y cuenta con la firma de 50 diputados y diputadas de todos los bloques con representación parlamentaria en el Congreso Nacional.

A partir del trabajo sostenido en estos años, numerosos Consejos Directivos de distintas facultades y Consejos Superiores de universidades públicas nacionales han manifestado su adhesión para que el tema sea debatido en el Congreso, así como el apoyo al proyecto de ley y a las acciones de la Campaña. En abril de este año se publicó una solicitada intitulada: “Aborto legal, una deuda de la democracia”, la misma revela el amplísimo margen de adhesión que viene concitando el reclamo de esta Campaña Nacional. Fue publicada en dos diarios de tirada nacional y tuvo gran repercusión en numerosísimos medios de prensa, mostrándose así el avance que hemos tenido en la instalación del tema entre comunicadoras y comunicadores sociales que cada vez con mayor presencia y compromiso asumen el tratamiento de este reclamo.

En Argentina se calcula que alrededor de 500 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino, mostrando cómo la penalización no impide su práctica, sino que la hace peligrosa por la falta de recursos económicos de muchas mujeres. El aborto es parte de la cotidianeidad de medio millón de mujeres que año a año desoyen mandatos sobre sus cuerpos y sus vidas, trayendo al escenario público un tema crucial: la maternidad debe ser voluntaria, deseada, proyectada. Según cifras oficiales las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa evitable de mortalidad materna en Argentina (más adecuado resultaría hablar de muerte de mujeres gestantes pero mantenemos la designación muertes maternas al hacer referencia a estadísticas de organismos oficiales).

Desde la recuperación democrática en diciembre de 1983 han muerto más 3000 mujeres como consecuencia de abortos inseguros, así se expresa esta gran deuda de la democracia que constituye un gravísimo problema de salud pública. La mayoría de estas mujeres son jóvenes y empobrecidas, mostrando las desigualdades que atraviesa el problema del acceso al aborto cuando una mujer decide que no puede y/o no quiere seguir adelante con un embarazo no deseado. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida plena y sin violencia: la prohibición del aborto y la falta de acceso a procedimientos seguros, de calidad y gratuitos constituye una violación a los derechos humanos de las humanas.

Despenalizar y legalizar el aborto es admitir que no hay una única manera válida de enfrentar el dilema ético que supone un embarazo no deseado; reconocer la dignidad, la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para resolver estos dilemas y dirigir sus vidas; y aceptar que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un derecho personalísimo ya que éste es el primer territorio de ciudadanía de todo ser humano. Por esto exigimos que se debata y apruebe el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Nosotras, las mujeres que conformamos la Asamblea de Mujeres Ni Una Menos de San Martín de los Andes, estamos a favor de LAS VIDAS, las vidas de nosotras, quienes resistimos los mandatos patriarcales de fusionar sexualidad con reproducción imponiendo la maternidad obligatoria. Estamos a favor de nuestras vidas, vidas libres, sanas y plenas, placenteras y autónomas, siendo soberanas absolutas de nuestros cuerpos. No podemos permitir que aquellos que están en contra de la interrupción legal del embarazo pequen de ingenuos cuando dicen ‘no estoy de acuerdo con el proyecto porque estoy a favor de la vida’, nos están haciendo una operación con el lenguaje”. El lenguaje construye realidad y nos están queriendo robar una palabra dijo Claudia Piñeiro ,escritora, en el congreso nacional.

La deuda de la democracia para con nosotras es reconocer nuestra libertad a la hora de decidir si queremos continuar o no un embarazo, sin este derecho no somos ciudadanas plenas, sino la incubadora del Estado quien decide por nosotras.

Los mismos grupos conservadores religiosos de derecha son los que tampoco quieren que se implemente la Educación sexual integral( 2006) en las instituciones educativas, quedando claro que su objetivo es negarnos todo derecho a decidir cómo deseamos vivir nuestras sexualidades. Nos disciplinan ubicándonos en el exclusivo rol de madre que sus ideologías retrógradas antiderechos han establecido para nosotras .Estos mismos grupos son los que se opusieron a la sanción de la Ley de matrimonio igualitario ( 2010) y la Ley de identidad de género (2012) entre otras leyes ampliadoras de derechos a las que se han opuesto. 

El pasado 3 de junio 2017, al desarrollarse la tercera movilización por Ni una menos en nuestro país de la que fueron parte cientos de miles de personas, se puso de manifiesto que el reclamo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se mantiene entre uno de los principales dentro de la agenda de lucha contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Como decía el documento convocante a aquella movilización: “Una joven presa en Tucumán, condenada a ocho años de prisión por homicidio, cuando tuvo un aborto espontáneo, en una causa armada, nos obliga a actualizar la consigna ‘Sin aborto legal no hay Ni Una Menos’ e instalarla en las plazas con más fuerza todavía”.