El pasado 20 de marzo, el fiscal jefe de San Martín de los Andes, Fernando Rubio, impugnó la resolución adoptada por el juez de Garantías Mariano Etcheto, de excluir como integrantes del jurado popular a vecinos de San Martín de los Andes y de trasladar la realización del juicio a Junín de los Andes.
La impugnación la formuló mediante un escrito que presentó ante la Oficina Judicial y en el que destacó que la decisión “cercena el derecho de la víctima, de sus familiares y de la sociedad toda a ser juzgado por el Juez Natural, entendiéndose por ello los miembros del Jurado a designar, pertenecientes a la sociedad en la que produjera el hecho materia de juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto expresamente por el art. 25 del Código Procesal”.
El fiscal jefe planteó que la exclusión de ciudadanos de San Martín de los Andes como miembros del tribunal, fue “arbitraria, caprichosa, infundada y contraria a derecho”. En este sentido, señaló que “es cierto que el hecho al que nos enfrentamos causó conmoción en San Martín de los Andes, como lo hubiera causado en cualquier otra localidad de la Provincia y de la Nación; pero, ello no puede poner en duda sin ningún análisis previo que la totalidad de los posibles miembros del Jurado, carezcan de la capacidad para ser Jueces imparciales o que S.S. pueda conjeturar tal livianamente que serán parciales”.
Hoy, será un día clave, ya que debería resolverse el pedido y determinar –definitivamente- donde será el juicio a quienes participaron del asesinato y que jurado los juzgará.