La comisión de Hacienda y Presupuesto dio despacho por mayoría al proyecto de ley que brinda al municipio de El Chocón el rango de segunda categoría, por contar con más de 1.500 habitantes. De esta manera, sus habitantes podrán elegir intendente y concejales, como lo establece el artículo 270 de la Carta Magna Provincial.

08 Oct 2014
    

La iniciativa ya tenía despacho de las comisiones de Asuntos Municipales –F- y Asuntos Constitucionales y Justicia –A-, y podrá ser tratada en el recinto. La diputada Beatriz Kreitman –CC ARI- no acompañó el despacho al plantear inquietudes ante la validez legal de los resultados otorgados por las direcciones de Estadística y Censo de la provincia y del municipio, y su disparidad con el Censo nacional. Los diputados acordaron que la jerarquización de los municipios neuquinos debe convocar a una discusión más profunda sobre la modificación de la ley de coparticipación.

A su vez, el cuerpo aprobó por unanimidad el proyecto de comunicación que busca lograr la deducción del impuesto a las ganancias del alquiler mensual de la casa destinada al grupo familiar, cuando no se posea inmueble. La iniciativa fue presentada por el bloque Frente Grande –Nuevo Encuentro y está dirigido al Congreso de la Nación. Al respecto, el diputado Raúl Podestá expresó que la sanción de una ley de este tipo “blanquearía el negocio inmobiliario,” y obligaría al Estado a “asumir su responsabilidad ante de la falta de viviendas” para las familias jóvenes. En este sentido, José Russo –MPN- afirmó que el proyecto “colabora pero no soluciona” el problema que representa el impuesto a las ganancias para gran parte de la población. Agregó que el negocio de los alquileres en Neuquén se ha convertido en un “enorme mercado negro” donde “no se respetan leyes” ni se pagan impuestos.

En otro orden, los diputados dieron despacho unánime al proyecto de declaración que expresa su beneplácito por la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor del establecimiento de un marco jurídico multilateral que permita reestructurar procesos de deuda pública nacional. El proyecto sostiene que la iniciativa busca llenar un vacío legal a nivel internacional, circunstancia que aprovechan grupos especulativos–conocidos como “fondos buitres”- para bloquear reestructuraciones de deuda soberanas y litigar para cobrar el 100% de su valor, como ocurre con la Argentina. La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas se sancionó el pasado 9 de septiembre y contó con el apoyo de 124 países, mientras que 11 se pronunciaron en contra y 41 se abstuvieron.
Estuvieron presentes los diputados Raúl Bettiga; José Russo; Luis Sapag; Eduardo Enríquez; Pablo Todero; Raúl Podestá; Beatriz Kreitman; Ricardo Rojas y Sergio Gallia.